El subcontinente
sudamericano sufre una ola de crimen organizado: sicariato, ajustes de cuentas,
enfrentamientos de delincuentes con fuerzas de seguridad, secuestros,
extorsiones… Expertos de varios países de la región advierten que los altos
precios de los minerales en el mercado internacional han convertido a la
minería ilegal en uno de los principales pivotes de estos ilícitos. Advierten
que de no frenarse a la ilegalidad en la industria extractiva, será difícil
luchar contra la creciente criminalidad.
Países como Ecuador,
Bolivia, Perú, Colombia y México tienen en común una enorme riqueza mineral,
pero al mismo tiempo también comparten los efectos negativos asociados a esta
abundancia: la minería ilegal, que a su vez se articula con el narcotráfico, el
contrabando de armas, la trata de personas, el lavado de dinero, la corrupción
y, por supuesto, los efectos negativos para el medio ambiente.
Expertos de cinco
países se reunieron esta semana en el foro internacional “La extracción minera
ilegal ligada al crimen organizado en la región latinoamericana”, un evento
convocado por la Organización Latinoamericana de Minería (OLAMI) y Cumbre del
Sajama, con el fin de advertir sobre las consecuencias de inseguridad social y
económica que genera el fenómeno y plantear soluciones integrales al respecto.
“OLAMI, desde
hace 42 años, ha sido la institución que ha logrado consolidar a la región como
una de las más importantes para el desarrollo de una minería ambiental y
socialmente sustentable y que cumpla con la gobernanza corporativa. Al otro
lado tenemos a la minería ilegal, que de acuerdo a estudios recientes, mueve
más dinero que el narcotráfico y está sirviendo al lavado de dinero. Esta es la
importancia de este evento por el cual felicito a OLAMI Bolivia y a Cumbre del
Sajama, por la organización de este foro”, expresó Carlos Augusto Peña,
presidente de la OLAMI en el acto inaugural.
Negocio
rentable
Nicolás Zeballos,
Fundador y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología de Perú,
enfatizó la necesidad de comprender la minería ilegal como un modelo de
negocio. "Si no entendemos el modelo de negocio, vamos a perder la
batalla, perder la guerra", afirmó.
El experto
peruano explicó que este negocio, impulsado por la alta demanda y los
crecientes precios del oro (que podrían alcanzar los 8.000-10.000 dólares la
onza en los próximos años), se beneficia de la informalidad económica de la
región, donde el 50% de la economía es informal, y crea el espacio propicio
para la extorsión y el lavado de activos.
Tania Ramírez,
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, habló sobre
la rentabilidad del mercurio, un insumo clave en la minería ilegal de oro.
"El kilogramo de mercurio estaba cerca de los 20 dólares en 2011. Cuando
entra en vigor el convenio de Minamata. (Hoy en día) el precio de mercurio
puede rondar entre los 200 y los 350 dólares el kilogramo", explicó
Ramírez.
México, uno de
los principales productores de mercurio, enfrenta el desafío de su tráfico
ilícito. Ramírez reveló que Bolivia se ha convertido en un punto neurálgico
para este comercio. "Bolivia es el gran canal de todo el mercurio que se
está movilizando en nuestra región. A través de Bolivia está ingresando todo el
mercurio que producimos en México ilegal e informal y está ingresando a estos
territorios", señaló.
Ecosistema
Criminal
La minería
ilegal no opera de forma aislada. Ceballos describió un "ecosistema
criminal" donde confluyen diversas actividades delictivas:
"invasiones, bloqueos, asaltos, robos, sicariato, ataques armados...
lavado de activos, tráfico de insumos, corrupción... trata de personas,
represión laboral, delitos ambientales".
La debilidad
institucional y la falta de control estatal son factores clave que permiten la
proliferación de estas actividades. Jaime Sanabria, director Ejecutivo de la
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia, lamentó la
precariedad de recursos y la fragmentación institucional en el país.
"La
institución está totalmente devastada, es una institución que no funciona, que
se ha convertido en un estado en una institución tranca para la actividad
minera en general", afirmó Sanabria, quién destacó que en Bolivia,
"el 80% de la minería que se hace... es ilegal".
Impacto
Ambiental
Las
consecuencias de la minería ilegal son catastróficas. María Eulalia Silva,
presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, contrastó la minería
responsable con la extracción ilegal. Mientras la primera implementa plantas de
tratamiento de agua, canales de escorrentía y programas de reforestación, la
segunda deja "devastación", sin tratamiento de aguas ni disposición
final de residuos. Silva también alertó sobre la contaminación por mercurio: "Por
cada gramo de mercurio se contaminan entre 80.000 y 200.000 litros de
agua", alertó.
Además del daño
ambiental, la minería ilegal genera graves problemas sociales, incluyendo la
explotación laboral, el trabajo infantil y la violencia. En Ecuador, la minería
ilegal ha invadido áreas protegidas y ha provocado el hundimiento de ciudades
como Zaruma, declarada patrimonio de la humanidad.
Respuesta
Regional
Los panelistas
coincidieron en que la lucha contra la minería ilegal no puede ser un esfuerzo
individual de cada país. "Necesitamos una política regional minera",
enfatizó María Eulalia Silva.
Sandra
Rodríguez, de Colombia, destacó la importancia de la tecnología para el
monitoreo y la trazabilidad. "Tenemos herramientas tecnológicas que nos
van a permitir por lo menos conocer dónde está el problema y a qué nos
enfrentamos", afirmó la experta, quien presentó un visor geográfico que
permite identificar focos de explotación ilícita y la convergencia de
actividades ilegales como el cultivo de coca y la deforestación.
Mónica Mendoza,
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en
Bolivia, abogó por un enfoque integral que vaya más allá de lo punitivo.
"La
respuesta nunca puede ser punitiva... tiene que ser una respuesta a la economía
ilícita", sostuvo Mendoza, quien resaltó la necesidad de fortalecer la
institucionalidad, despojar a los criminales de sus recursos ilícitos y
fomentar el desarrollo alternativo en las comunidades afectadas.
Alfredo
Zaconeta, investigador boliviano del Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (CEDLA), subrayó la importancia de la viabilidad social de
los proyectos mineros y la necesidad de una política que incorpore a los
actores informales. "El problema en Bolivia para cualquier tema de minería
no pasa porque el proyecto sea factible técnicamente o rentable económicamente,
sino el tema es que tiene que ser viable socialmente", concluyó Zaconeta.
La minería
ilegal es un problema complejo y multifacético que exige una respuesta
coordinada, innovadora y con visión de futuro. La colaboración regional, el uso
de tecnología, el fortalecimiento institucional y un enfoque holístico que
aborde tanto los aspectos económicos como los sociales y ambientales, son
claves para enfrentar este desafío y garantizar que la riqueza mineral de
América Latina beneficie a sus pueblos y no al crimen organizado.
“La región debe
unirse para combatir este flagelo y por ello este espacio, pretende marcar una
ruta regional que combata esta problemática. Gracias a las ponencias de los
expertos internacionales y el panel de discusión pudimos poner sobre la mesa
temáticas de gran interés para nuestros países, especialmente para Bolivia”,
reflexionó Ana María Araníbar, directora Ejecutiva de Cumbre del Sajama al
concluir el foro.